UNA VISIÓN JURÍDICA DE LA REALIDAD NACIONAL

(Estudiante de la UNSL - Email:tomaunsl@hotmail.com)

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La diferencia entre un gobierno de facto y un gobierno de derecho es clara, limpia y simple. En el Gobierno de Derecho hay acuerdo general. A ese acuerdo general solemos llamarlo democracia y se basa en nuestra Constitución Nacional. En Argentina la democracia es algo bastante nuevo y lo segundo no tanto, desde 1853. Este último periodo democrático comenzó con argentinos asqueados de violaciones a sus derechos más primitivos, luego de un caos autoritario que negó absolutamente casi dos siglos de acuerdos previos que formaban nuestra identidad legal, nuestro cómo y porqué.

 

La constitución Nacional es algo así como un compacto de lo que podemos y no podemos y de cómo y en qué nos hemos puesto de acuerdo desde que somos una Nación "LIBRE". Esto costó mucho. Primero guerras de independencia, luego guerras civiles, finalmente una sucesión sangrienta de gobiernos electos cortados por golpes de estado. En el medio unos hicieron posible el voto Universal, que en principio era masculino (para todos los ciudadanos) y muchos años después se le sumaron los votos femeninos. A esto se le llama la adquisición de la primera generación de derechos. Son los derechos políticos basados en la idea de que somos todos igualmente libres. Incluyen el derecho de libre tránsito, de juicio justo y previo a condena, derecho a la intimidad, para todos los habitantes; el voto y las elecciones periódicas para todos los ciudadanos.

 

Más o menos cuando se conseguía el voto femenino (mitad del siglo 20)  se incluyen en la Constitución la segunda generación de derechos, los derechos sociales. Estos se basan en la idea de igualdad de oportunidades para alcanzar esa libertad que aseguraban los de primera generación. Se resumen principalmente en tres cualidades que nos definen en nuestra dignidad humana: salud, trabajo y educación. Se llamaron los derechos de los trabajadores, porque también costaron muchos abusos, muertes y luchas para obtenerse y entonces la clase trabajadora fue la principal beneficiada. Concretamente esto se expresó en el logro de ciertas dignidades. Desde lo institucional surgieron en los gremios, obras sociales, confederaciones y asociaciones. En lo social hubo movilidad de clases, hijos profesionales de obreros, vacaciones pagas, seguro social, asistencia médica gratuita y posibilidades de progreso con esfuerzo. Por su propia naturaleza, los derechos sociales fortalecen las interacciones en comunidad.

 

Nuestra Constitución nos asegura desde entonces que el Estado proveerá un acceso igualitario de todos los argentinos a la salud, al trabajo digno y justo y a la Educación en todos sus grados (famoso 14 bis y otros). Ahora bien, las Universidades son la instancia superior de estudios. Los profesionales que hoy nos atienden, nos construyen, nos dirigen, nos educan y nos sirven son en general egresados de Universidades Nacionales. Grandes mentes han sido y son mundialmente reconocidas luego de haber egresado de ellas. Muchos de ellos nunca hubieran podido estudiar, desarrollarse y servir a la comunidad de no haber recibido, gozado y ejercido el derecho a una educación libre, laica y gratuita.

 

Hoy en día ese derecho, y los derechos sociales en general han dejado de ser proveídos e incluso garantizados por el Estado. El problema con esto no es uno solo. Por empezar, se trata de inseguridad jurídica, basada en el incumplimiento constitucional, que es nuestra principal regla de juego. La vigilancia de ese cumplimiento debe ser reciproca. El Estado institucional cuenta con el poder ejecutivo y legislativo electo, nosotros como pueblo Estado contamos con la el Poder Judicial. En estos momentos tres jueces han declarado ya de inconstitucionales las medidas adoptadas por el Ministro de Economía y el Congreso, porque lo son. Porque están viciadas de forma (modo en que se dicto y sanciono) y fondo (derechos que viola). Por si esto fuera poco los derechos violados están además amparados por todas las normativas de Pactos y Declaraciones internacionales primero firmadas por nuestro país, y luego incluidas en la reforma de 1994 en la C.N..

 

De manera que estamos muy preocupados y si no es así: deberíamos estarlo. No solo porque todo esto afecta profundamente cada uno de nuestros bolsillos, sino (y principalmente) porque afecta todos y cada uno de nuestros derechos. El hecho de que se viole impunemente un derecho, y que nuestro sistema establecido (nuestras reglas de juego, orden legal para nuestro desarrollo) como base de conformación y convivencia pacífica del país, NO sea efectivo para evitarlo, es también un tema de dignidad humana y ciudadana.

 

Ser hombres y mujeres dignos es tomar nuestras propias decisiones, poder llevarlas a cabo y dirigir nuestros propios destinos. Hay valores que se canjearon por una falsa paridad "un peso = un dólar" y se produjo un olvido sistemático y dirigido de la dignidad. Nos olvidamos también de decir "esto no me gusta" , "no quiero" y "así no" y así olvidamos que todas las situaciones se pueden revertir. Que el que no llora no mama. Hay una fuente de derecho que es la costumbre: convierte un uso en ley. Es cuando sin que se sancione formalmente algo, o cuando algo es contrario a la ley, es socialmente aceptado, o nadie marca que eso esté mal. Entonces de eso se pueden servir los jueces cuando la ley calla al respecto. O sea que no oponerse es aceptarlo, es estar de acuerdo. Según la tradición jurídica "el que calla otorga". Esta actitud es también aprendida, claramente enseñada. La masificación, la indiferencia, la ignorancia, el desinterés también aprendidos, contagiados e inculcados por años.

 

Defender un derecho no es simple, ni fácil. Es un trabajo personal, reflexivo, que debe transformar "lo contagioso" en algo pensado y conciente para poder dirigir la fuerza de cada uno hacia lo que verdaderamente queremos. Y eso es lo que pedimos, un derecho que ya es nuestro: a pensar, a que nos sigan enseñando, a elegir, a saber, a reclamar, a entender. Y eso es lo que no quieren.

 

Hay que ser dignos.