Una alternativa al ajuste.

Distribución de la riqueza a través de una profunda transformación impositiva y arancelaria

Los docentes universitarios entendemos que la situación que atraviesa el país, es el producto de un conjunto de factores que alteraron los criterios básicos que han regido al Estado moderno.

Desde Rousseau en adelante, se ha aceptado que solamente el Estado, en tanto representante del bien común,  podía regular los conflictos de intereses existentes en la sociedad civil. Y más todavía, las democracias sociales que se edificaron en todo el llamado Primer Mundo a lo largo del siglo, entendieron que en dicha regulación el Estado debía introducir mecanismos de regulación que favoreciesen a los sectores más desprotejidos de la sociedad. El Estado de Bienestar, herramienta del progreso en todas las naciones desarrolladas de occidente, supuso una concepción en la cual el gravamen impositivo más importante, lo aportaban los sectores que más recursos concentraban. De esa manera, el Estado establecía una distribución racional de la riqueza, que conjugaba a un mismo tiempo crecimiento económico en libertad con justicia social.

En Argentina, aun con las limitaciones que imponía su condición dependiente, se organizó un Estado que pudo implementar, con relativo éxito, dicho Estado de Bienestar. Muchos teóricos de economía política han cuestionado que la implementación de dicho Estado, se realizó conjuntamente con un proceso que dejó en manos de empresas estatales la gestión y producción de riqueza en áreas vitales de la economía, en el transporte (terrestre, fluvial, marítimo y aéreo), las comunicaciones y los servicios en general, impidiendo la consolidación de empresas de gestión privada, supuestamente mejor preparadas para encarar ese proceso.

En realidad, ya se ha estudiado que en países dependientes, con burguesías nacionales escasamente constituidas, ha correspondido y sigue correspondiendo al Estado el papel de promotor de iniciativas productivas que, en efecto, en los países más desarrollados, mayoritariamente han encarado los sectores privados.

En cualquier caso, si ese proceso resultaba complejo y diferente al que se desarrollaba en los países industrializados del hemisferio norte, es de destacar que, durante décadas, aun con deficiencias, resultó relativamente funcional a los fines de una política de Estado que privilegiaba el consumo interno, la producción nacional, la salud y la educación públicas. En definitiva, un orden que, con deficiencias, se basaba, como en el hemisferio norte, en las nociones de libertad con justicia social.

Por el contrario, las políticas que devastaron al país a partir de la dictadura militar, favorecieron no solamente el trasvasamiento de la imponente riqueza nacional a empresas de gestión privada de dudosa constitución y más dudosa eficiencia, sino que, habida cuenta de la creciente transnacionalización de la economía, dejó en manos de capitales extranjeros una parte substantiva de la economía nacional.

Recientes estudios, tanto de investigadores en el campo de la economía y ciencias sociales, como de reconocidos representantes del pueblo, han sacado a la luz la enorme infamia y corrupción que acompañó ese proceso de privatización y enajenación nacional. En realidad, se ha tratado de una verdadera estafa a los recursos nacionales, que exige corregirse urgentemente, tanto por razones económicas como éticas, políticas y humanitarias.

En efecto, para consolidar toda esa verdadera vergüenza nacional, hay que destacar que el proceso de desmantelamiento del Estado no se limitó a la transferencia de empresas estatales dedicadas a la producción económica. Al contrario, ese proceso se acompañó del debilitamiento y virtual desaparición de los organismos y resortes del Estado encargados de regular y equilibrar la vida de la sociedad civil. Como etapa final en esa tarea de deserción del Estado, aparece la falta de preocupación por la educación pública y educación superior en particular, junto con el ajuste a los salarios del sector público, que viene a constituir una nueva transferencia de riqueza de los sectores menos favorecidos a los más favorecidos.

En tal sentido, el Estado nacional invierte los principios del Estado de Bienestar, al mismo tiempo que no cumple con las más elementales garantías constitucionales y con los Pactos Internacionales que el Estado debería garantizar según la Constitución de 1994. Entre ellos, por su importancia, debe destacarse el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. Dicho Pacto, incorporado a nuestra Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22, establece en su artículo 6, inciso 1, que los “Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”. Asimismo, en su artículo 13, establece que los “Estados partes en el presente Pacto reconocen  el derecho de toda persona a la educación”, indicando para la educación superior, que “debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita” (el subrayado es nuestro).

Desde ese punto de vista, la modificación urgente de la situación actual no obedece únicamente a razones económicas. Al contrario, es la existencia misma del Estado Nacional lo que en verdad está en juego, toda vez que se encuentran afectados los derechos y garantías fundamentales consagrados por nuestra constitución.

 

Frente a tal estado de cosas, los docentes universitarios, en primer lugar, enfatizamos que resulta absolutamente falso que no existan alternativas. Al contrario, el discurso mediático que sostiene que el modelo no puede modificarse, está generado por los mismos sectores que se han beneficiado durante el último cuarto de siglo de la fabulosa estafa al patrimonio y ahorro nacionales. En cambio, desde la propuesta económica elaborada por la CTA hasta la misma Carta a los Argentinos que el gobierno ha desconocido a pesar de que le posibilitó acceder al poder, han existido numerosas propuestas que, precisamente lo que subrayan, es la necesidad de devolver al Estado Nacional el papel que le corresponde en la regulación de la sociedad civil.

En tal dirección, cualquier solución verdaderamente transformadora a los problemas que estamos viviendo debe reconocer al menos cuatro cuestiones iniciales en relación con la política económica:

1-     en primer lugar, el peso de la agobiante deuda externa pública argentina;

2-     la estructura regresiva del sistema de recaudación tributario;

3-     las falencias estructurales del Estado Nacional tanto para controlar las distintas etapas de la producción y servicios privados (deficiencia y corrupción de los organismos de contralor), como para garantizar que los escasos recursos destinados a acción social alcancen efectivamente a los destinatarios (deficiencia y corrupción de los organismos de distribución).

4-     En relación con el consumo, las ingenuidades (cuando no complicidades) de un régimen indiscriminado de apertura económica que coloca a la producción nacional (y al trabajo argentino) en desventajas objetivas frente a la producción de países con subsidios efectivos a su producto final.

 

Por supuesto que todas estas deficiencias, además de otras sobre las que en este momento no nos extendemos, exigen soluciones de conjunto si efectivamente pretendemos garantizar la vigencia plena de un estado de derecho que garantice a todos sus ciudadanos condiciones efectivas de libertad y justicia.

En esta oportunidad, nos interesa destacar algunos de esos problemas. El primero, relacionado con la modificación del régimen tributario, tanto porque entendemos que resulta posible modificarlo rápida y eficazmente, como porque consideramos que los docentes universitarios estamos en condiciones de realizar un aporte concreto a partir del capital de conocimiento disponible en nuestras universidades públicas. El segundo, por las mismas razones, relacionado con la apertura económica indiscriminada.

En definitiva, nos parece que los docentes universitarios organizados, nos encontramos en condiciones de contribuir a la generación inmediata de anteproyectos de ley, que planteen tanto la reforma del sistema que rige el arancelamiento a las importaciones de bienes extranjeros, como la modificación urgente del régimen tributario argentino, que hoy está basado principalmente en el IVA, lo cual constituye un impuesto regresivo, toda vez que constituye un aporte que grava el consumo, sin discriminar entre los sectores de mayores o menores recursos, como.

Estudios comparativos recientes, evidencian que en Estados Unidos, casi el 60% de los ingresos fiscales provienen de impuestos a la riqueza y solamente algo más del 20% de impuestos al consumo. Porcentajes todavía más progresistas se aprecian en países como Canadá (59% a la riqueza y menos del 20% al consumo); Dinamarca (63% a la riqueza y 4% al consumo; Australia (62,5% a la riqueza y 7% al consumo).

En Argentina, por el contrario, se invierten ambos porcentajes; en efecto, algo menos del 60% proviene del impuesto al consumo mientras menos del 20% a la riqueza. [1]

Estas cifras tienen un significado bien simple. En los países más desarrollados de la tierra, los sectores más ricos subsidian a los más pobres. En nuestro país, en cambio, son los sectores más pobres los que subsidian a los más ricos.

 

En tal sentido, una de las primeras reformas de envergadura que deben encararse en el país, es el de una rápida modificación del régimen tributario, que interrumpa este proceso infamante, por el cual los más débiles transfieren sus escasos ahorros a los más poderosos. Los efectos de una modificación tributaria, serían inmediatos, en varias direcciones. Por lo pronto, posibilitaría una distribución más justa de la riqueza. En segundo lugar, la paulatina eliminación del IVA, implicaría un efectivo aumento de salarios, toda vez que los sectores asalariados dispondrían de no menos del 21% de sus ingresos (actualmente destinados a pagos de IVA sobre todo consumo) para destinar a otro tipo de consumos. Ello aumentaría el consumo, consiguientemente la producción, y con ello la base recaudadora del Estado Nacional, hoy en crisis terminal. Y al mismo tiempo, acercaría a Argentina a los modelos de los países más avanzados en materia de gravámenes tributario.

 

En relación con el arancelamiento a las importaciones, también es de destacar que diversos estudios y documentos oficiales admiten que los países desarrollados, subsidian a su industria y agro de determinadas maneras, de manera tal que la apertura indiscriminada de dichos productos, coloca a la producción nacional en desventaja evidente frente a la producción de aquellos países. También en este punto, se hace necesario una urgente reforma arancelaria, que establezca gravámenes a la importación, capaces de equilibrar los subsidios de los países centrales. A tal fin, sería necesario una ley general, que reemplace al conjunto desparejo de leyes, decretos y disposiciones varias y coloque a la producción y el trabajo argentinos en condiciones igualitarias.

 

A tal fin, proponemos un mecanismo de movilización colectiva en dos etapas:

 

1ª etapa: con la participación de reconocidos compañeros docentes de universidades nacionales, en el campo del derecho, ciencias económicas y otras ciencias sociales, gestionar desde CONADU la elaboración urgente, en el menor tiempo posible, de un anteproyecto de ley de Régimen Tributario Federal Único que reemplace al conjunto de leyes, decretos y disposiciones que actualmente rigen en la materia y de un Anteproyecto de Régimen Arancelario que grave la importación de productos extranjeros producidos en el país.

 

2º etapa: con la participación masiva del conjunto de compañeros docentes, de los restantes integrantes de la comunidad universitaria, de otros compañeros estatales y de todos aquellos ciudadanos interesados en la cuestión, gestionar el apoyo público de los candidatos a legisladores en las elecciones próximas, como así también de actuales legisladores para otorgarles estado legislativo y tratar y aprobar dichos Anteproyectos a la brevedad posible.

 

Entendemos que de esta manera bien directa, los docentes universitarios estamos en condiciones de hacer un nuevo aporte que nos permita superar la dramática situación que atraviesa el país y que, una vez más, los dueños del privilegio pretenden que paguemos los sectores más desprotejidos de la sociedad.

 

A tal fin, desde ADU San Luis, solicitamos a CONADU la aprobación y pronta puesta en marcha del proyecto mencionado.